Buenos Aires pidió anular una resolución que habilita nuevos barcos para la pesca de calamar
El Gobierno bonaerense presentó un recurso ante el Consejo Federal Pesquero para frenar la incorporación de hasta 18 buques poteros. Advirtió que la medida carece de respaldo científico, perjudica a Mar del Plata y pone en riesgo la sustentabilidad del recurso.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires solicitó la revocación de la Resolución 6/2026 del Consejo Federal Pesquero (CFP), que habilita un proceso para incorporar hasta 18 nuevos buques poteros destinados a la captura de calamar (Illex argentinus), al considerar que la decisión fue adoptada con irregularidades y sin estudios que avalen su impacto sobre el recurso.
La presentación fue realizada por el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, mediante un recurso de reconsideración en el que también pidió la suspensión inmediata de los efectos de la resolución hasta que existan informes científicos, técnicos y ambientales que demuestren que el incremento del esfuerzo pesquero no afectará la conservación de la especie.
Cuestionamientos al procedimiento
Desde la cartera agraria bonaerense señalaron que la iniciativa fue incorporada, debatida y aprobada durante una misma reunión del Consejo Federal Pesquero, sin que sus integrantes dispusieran previamente de la documentación necesaria para analizar el alcance de la medida.
Según el planteo oficial, esa forma de tratamiento vulneró las normas de funcionamiento del propio organismo y limitó la posibilidad de realizar una evaluación adecuada de una decisión con impacto sobre uno de los principales recursos pesqueros del país.
Reclamo por la falta de estudios científicos
Otro de los ejes del recurso apunta a la ausencia de estudios específicos que respalden la ampliación de la flota pesquera dedicada a la captura de calamar.
La Provincia sostuvo que no existen evaluaciones que permitan determinar cómo afectaría la incorporación de nuevas embarcaciones a los distintos stocks de la especie en el Mar Argentino, ni análisis que garanticen que el aumento de la actividad no comprometerá la sustentabilidad del recurso.
En ese marco, el Gobierno bonaerense invocó el principio precautorio previsto en la Constitución Nacional y en la Ley General del Ambiente, que establece la necesidad de adoptar medidas de protección cuando existen incertidumbres científicas sobre posibles daños ambientales.
Críticas al reparto de puntajes entre provincias
El recurso también cuestiona el sistema de puntajes previsto para asignar los nuevos permisos de pesca, al considerar que beneficia a determinadas provincias en detrimento de Buenos Aires.
De acuerdo con la resolución, los proyectos que desembarquen sus capturas en Tierra del Fuego reciben 30 puntos, los de Santa Cruz 25, los de Chubut 20, los de Río Negro 15 y los de Buenos Aires apenas 10.
Para la administración bonaerense, esa diferencia carece de fundamentos técnicos y jurídicos y genera una desventaja para el complejo pesquero e industrial de Mar del Plata, principal puerto pesquero del país y uno de los mayores generadores de empleo del sector.
La Provincia ratificó su rechazo
Buenos Aires recordó que ya había votado en contra de la iniciativa durante su tratamiento en el Consejo Federal Pesquero y reiteró que la resolución afecta principios del régimen federal de pesca al establecer condiciones desiguales entre las provincias.
En ese sentido, el Gobierno provincial pidió que la Resolución 6/2026 sea dejada sin efecto. Como alternativa, solicitó que su aplicación permanezca suspendida hasta que existan evidencias científicas suficientes que garanticen una explotación sostenible del calamar y la preservación de uno de los recursos estratégicos del Mar Argentino.
